Inocuidad, una Verdad Incómoda

El episodio de los colados de Nestlé con residuos de plaguicidas puso en evidencia una realidad doméstica preocupante. Mientras en Chile el control se regula con disposiciones del Códex Alimentario de la FAO, lo que va a exportación cumple estándares internacionales en general más exigentes. El menor control interno y la débil institucionalidad que fiscaliza, son parte de los problemas.

Fue la peor noticia que podía escuchar una mamá mientras daba de comer a su hijo. A días de que finalizara el 2010 se enteraba de la denuncia hecha por la ONG Liga de Consumidores, validada por el Servicio de Salud, sobre la presencia de residuos de pesticidas por sobre la norma de la Unión Europea en colados para niños y en sopa de espárragos para adultos de Nestlé. A pocos les importó saber que el producto cumplía con los estándares nacionales, que Nestlé por si las dudas había ordenado su retiro, y que los expertos negaran la validez del estudio. "Además de tener datos obsoletos, toman en cuenta parámetros de la UE que no nos rigen y tienen una muestra de 10 productos, muy estrecha para tener validez", explica Roberto González, especialista en plaguicidas de la Universidad de Chile. Para los consumidores ardía Troya. No se explicaban por qué las exigencias son distintas entre lo que se consume en el país y lo que se exporta, y la pregunta que rondaba era ¿somos consumidores de segunda categoría? Y la pelota saltó lejos, llegando a consumidores, empresas y agricultores. Jorge Ovalle, productor de duraznos conserveros, está molesto. El 10 de enero lo llamó el encargado de gestionar la compra de su producción de 30 hectáreas en las cercanías de Santiago. El llamado fue para decir que cambiaban las condiciones y que necesitaban que la fruta estuviese certificada con menos agroquímicos. Justo cuando se aprestaba a cosechar. El mismo llamado se recibió en diversos campos a lo largo del país, a otros productores, principalmente de duraznos y ciruelas. La repentina exigencia fue un balde de agua fría para los parceleros, porque con la temporada lanzada y gran parte de la producción madura, resultaba complejo certificar residuos o cambiar estándares. Además, los diez días aproximadamente que se demora en tramitar un certificado, implica atrasar la cosecha y, por tanto, perder fruta o vender a precios muy por debajo de los esperados. "Mientras a los duraznos certificados se les paga $120 el kilo y a los que están en vías de certificación $100, los pequeños parceleros que cultivan un producto de idénticas condiciones, pero sin el certificado reciben en la Vega $60 u $80; ¡la mitad!", sostiene Ovalle. La pelota siguió rebotando y le dio de lleno a las normas e instituciones que tienen que velar por uno de los conceptos que promete estar de moda este año: la inocuidad alimentaria. Las regulaciones nacionales y el manejo que se hace a nivel de campo de los agroquímicos están cuestionados, lo mismo que los controles que se hacen en el mercado interno. El problema para los agricultores es que no hay un sistema de inocuidad claro y moderno. Y eso que Chile tiene Agencia de Inocuidad. La institución se creó en 2005, el 2009 se habló que iba a despegar bajo la dirección de María Soledad Barría, ex ministra de Salud, pero la cosa no fue así. Aunque ya lleva tiempo instalada, recién está en el Parlamento el proyecto de ley encargado de darle vida legal y presupuesto propio. Hoy los productores comentan que sus atribuciones son limitadas y no es más que un ente coordinador. Las cojeras en materia de inocuidad están a la orden del día. El Último Estudio Público Si bien la alarma fue con los colados y los duraznos, la verdad incómoda para Chile tiene que ver con las hortalizas y verduras que se expenden en el mercado interno. El último análisis de conocimiento público sobre productos frescos, "Estudio de residuos de plaguicidas en alimentos", fue realizado por el ISP en 2009, y dado a conocer a mediados del año pasado. Los resultados fueron alarmantes. Una de cada tres muestras reveló residuos de plaguicidas y el 16% sobrepasó los límites máximos residuales, LMR, según la última resolución N° 33 de marzo de 2010. La lechuga, la coliflor y el repollo se sacaron la peor nota al tener residuos de fosmet por hasta 0,15 miligramos por kilo, cuando lo autorizado son 0,05. El zapallo italiano y el brócoli también reprobaron por tener residuos de malatión y tetraconazol hasta tres veces superiores a lo autorizado por los estándares nacionales. Lo más lamentable de los resultados es que no son un hallazgo puntual, sino que se repiten año a año. En 2008, dos estudios del Servicio Agrícola Ganadero, SAG, revelaron residuos en lechugas de hasta 119 veces más que el límite permitido del controversial metamidofos -químico de uso restringido en algunos países de la Unión Europea y Estados Unidos, pero autorizado en Chile- . Eso sin hablar de los coliformes que revelaron estar 12,5% arriba del umbral de la norma chilena. Para los expertos, la única forma de revertir este escenario sería aumentar los estándares nacionales de inocuidad. "La tendencia natural tiene que ser cada vez mayor seguridad y normas universales, desde el punto de vista biológico, de residuos de pesticidas y trazas del producto", puntualiza Enrique Paris, director del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica. El generar productos sanos, pero también libres de plagas y enfermedades es uno de los problemas a superar. "Chile debe anticiparse a las nuevas exigencias de los consumidores. Es fácil plantearlo; sin embargo, corresponde a una tarea muy compleja. Los mismos mercados que solicitan más inocuidad exigen, además, presencia cero de plagas cuarentenarias, lo que implica la aplicación de plaguicidas. Esta ecuación entre inocuidad y fitosanidad es el gran desafío técnico que Chile debe abordar", señala el investigador del Inia La Platina, Arturo Correa. Dos Mercados Diferentes Lo que pasa en el mercado interno dista mucho de la realidad de la fruta de exportación. Sólo a Europa el año pasado se enviaron casi 80 millones de cajas de frutas, de las cuales apenas siete envíos fueron notificados por presentar algún problema, por ejemplo, exceder los límites de residuos. Eso pasa con los despachos al exterior, pero a nivel interno, no. "Hay agricultores que usan el producto 'A' para la fruta que va a exportación y otro 'B' para el que se queda en el mercado interno; ambos cumplen la norma que fijan los clientes o las autoridades, según el caso". Los dichos del fruticultor Jorge Ovalle revelan una verdad incómoda: calidad premium para lo que va a exportación, con estándares internacionales, mucho control, uso estricto de plaguicidas y bajísimos residuos. La otra parte, que algunos llaman "de segunda categoría", en cuanto a químicos utilizados y control, es lo que se come en Chile. Las empresas lo confirman. Al producir para el mercado interno toman en cuenta las normas chilenas que se basan en las disposiciones del Códex Alimentario de la FAO. Si el producto va a exportación se rigen por los parámetros internacionales según el destino, en general más exigentes y, por último, deben cumplir lo que pide la empresa que pone la marca. Según explica Cristián Alemparte, gerente comercial de Agrozzi, la división agroindustrial de Carozzi, hay focos según nichos. Por ejemplo en dicha empresa se producen pulpas de fruta estándar que van para néctar y bases lácteas, y pulpas especiales, más rigurosas en cuanto a residuos destinados colados para niños. Mientras en la comida de los niños se acepta una cantidad X de partículas por billón, en adultos se trabaja con una cantidad de partículas por millón. Más Exigencias Con la opinión pública sensible, las empresas distribuidoras y procesadoras están inquietas. Algunas, pensando en prevenir, estarían cambiando las reglas a los productores que les venden. "Las procesadoras están endureciendo las normas y los químicos autorizados por el SAG ya no son bien vistos", revela Ovalle. En Chile las principales empresas que gestionan la compra de insumos son Agrozzi, proveedora de algunos productos para Nestlé, Watt's, Conservera Pentzke, Aconcagua Foods y Luchetti. Algunas estarían reforzando los manejos a nivel de campo. "Vamos a seguir trabajando y revisando obviamente la regulación continuamente, como lo hemos hecho siempre. Pero hay estándares altísimos de calidad y control en todas las etapas del proceso productivo", revela Cristián Alemparte de Agrozzi, que a través de Carozzi es el mayor productor mundial de pulpas de frutas mediterráneas, exportando el 90% de la producción. Por su parte los productores confirman que, después de lo ocurrido con Nestlé, el escenario para ellos se ha complicado. "A raíz de lo que pasó con los colados se están exigiendo más contramuestras. Uno como productor tiene que cumplir o queda marginado", puntualiza Juan Parro, de la Sociedad Agrícola Los Espinos, quien administra alrededor de 75 hectáreas de duraznos para conserva y pulpa. Según cifras de Fedefruta, de los 27 mil roles inscritos, alrededor de 9 mil están orientados a exportación y los demás son pequeños y medianos productores, a quienes más les cuesta subirse al carro de las exigencias. Débil Institucionalidad Parte de la debilidad nacional se debe al poco peso de la Agencia Chilena para la Inocuidad Alimentaria, Achipia. La institución se orienta a crear un sistema nacional de inocuidad, pero hasta ahora sin amparo legal y presupuesto -porque el proyecto para darle legalidad recién está en el Parlamento-, no puede dar el salto. Su objetivo de velar para que las cosas se hagan bien y sincronizar a los actores involucrados, como el Ministerio de Salud -encargado de eliminar o controlar los agentes presentes en los alimentos que representen riesgo para la salud- y el SAG -encargado, entre otras atribuciones, de fijar y autorizar el uso de los químicos-, hasta ahora está en pausa. Los dardos también alcanzan al Ministerio de Salud, el responsable del control de la inocuidad en el mercado doméstico. Sus autoridades no quisieron referirse a las actuales falencias. El SAG sí planteó su visión. "Lo que viene es el trabajo que hacemos respecto de la potestad de regular el uso, registro y utilización de plaguicidas. Además, tenemos una mesa de trabajo junto al Ministerio de Salud para el sector privado. Finalmente, podemos ser más exigentes", puntualiza Víctor Venegas, director del SAG. Uno de los reproches que se le hace al SAG es autorizar el uso de plaguicidas que en otros países van en retirada, como el metamidofos, o no difundir con la masividad necesaria los estudios que realizan anualmente y que reflejan que frutas y verduras del mercado interno no están sacando nota 7. Los expertos además claman mejoras en la fiscalización y coordinación. "El SAG y el Minsal deben hacer un trabajo más estrecho. En Arica e Iquique entran productos desde países vecinos que son altamente tóxicos e incluso no están autorizados", revela Paris. Para paliar las debilidades se ha estado trabajando en mejorar la regulación, el manejo y la capacitación. "La capacitación entre otras iniciativas es una herramienta necesaria en la cual estamos trabajando", explica María Elvira Lermanda, gerente de los fabricantes e importadores de productos fitosanitarios, Afipa. Tareas pendientes Aunque el escenario para la inocuidad es mucho mejor que hace diez años, sigue habiendo tareas pendientes. Aún hay productores que usan mecanismos obsoletos como el calendario de aplicaciones, que lavan las hortalizas en canales antes de vender en ferias libres, o que para asegurarse de eliminar las plagas aplican más de lo recomendado en las etiquetas. También hay medidas que se han retrasado demasiado. Por ejemplo, hace dos años Hortach, el gremio de hortalizas, hablaba de un sello para sus asociados. Del plan todavía nada. Un seguimiento más extendido en los campos, mayor capacitación a los 30 mil aplicadores que cuentan con certificación SAG en el país, un control restringido a la venta de químicos, la prohibición de los plaguicidas más tóxicos y una regulación más acorde con lo exigido por mercados que marcan la pauta de la inocuidad, serían otra parte de las tareas pendientes. También imitar a países que marcan tendencia como Nueva Zelandia, donde se ejecutan con éxito programas como PipSafe, para fortalecer la red de inocuidad nacional. "Es un programa de producción de fruta baja en residuos. En 2009 abarcó el 60% de las plantaciones de manzanas", explica Arturo Correa, investigador de Inia. Chile aún está en pañales. Uno de los pocos proyectos nacionales en esa línea lo encabeza Carlos Quiroz, de Inia Intihuasi, para enfrentar la fitosanidad e inocuidad en uva de mesa y manzanas. Por ahora están desarrollando estrategias para alcanzar ese fin. Los agroquímicos son una necesidad, el tema es usarlos bien, aplicando lo recomendado y avanzando hacia políticas y exigencias más símiles a las que han adoptado otras regiones, para así recuperar la confianza de los consumidores nacionales en la materia. "El uso de pesticidas hecho de forma adecuada y segura, es una herramienta para apoyar nuestra competitividad y para alcanzar el grado de desarrollo que nos merecemos", remata Guillermo González, gerente general de Chilealimentos. La situación de los procesadosEn Chile los productos frescos tienen regulaciones respecto de la cantidad máxima de residuos, pero en los procesados hay un vacío. El llamado de los expertos es a promover normativas para la agroindustria. "Lo ocurrido evidenció la falta de normas para los productos elaborados. No da lo mismo quien sea el proveedor, debiera haber un trabajo más exigente. Ese es el gran aprendizaje de la polémica de Nestlé", revela Víctor Venegas, director del SAG.Las nuevas exigencias desde EE.UU.Además de ocuparse de los puntos críticos que se están viviendo en el mercado interno, la industria debe tener ojo con el reciente incremento de las exigencias de mercados clave como Estados Unidos. El 4 de enero se promulgó la Ley de Modernización a la Inocuidad de los Alimentos en ese país, la que, según los expertos, sería la mayor reforma en la materia en los últimos 70 años. "La Ley, que ya entró en vigencia, intensifica las medidas de seguridad en materia alimentaria, residuos y trazabilidad. Quienes no cumplan pueden tener sanciones como que se saque el producto del mercado", puntualiza Matías Araya, abogado y socio de Araya y Cía. Fuente: Revista del Campo de El Mercurio, 24/01/11

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